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JEFFREY LICHTMAN, ABOGADO DE “EL CHAPO” GUZMÁ, AFIRMA QUE EL CÁRTEL DE SINALOA, SOBORNÓ A ENRIQUE PEÑA NIETO Y A FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

NEW YORK ● El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán aseguró este martes que el cártel de Sinaloa había pagado millonarios sobornos al presidente mexicano Enrique Peña Nieto así como al expresidente Felipe Calderón, de acuerdo con un cable de la agencia AFP.

El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el expresidente Calderón negaron en Twitter las declaraciones de la defensa de Guzmán.

El defensor de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, “aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón”, informó la agencia francesa.

Sánchez dijo en Twitter que el gobierno de Peña Nieto “persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”.

Por su parte, Calderón escribió en la red social que “son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”.

El “Chapo” es juzgado en una corte en Nueva York donde se le acusa de haber liderado a una de las organizaciones criminales más grandes del mundo; como jefe del cártel de Sinaloa durante 25 años, se le atribuye haber introducido a Estados Unidos al menos 200,000 kilos de cocaína.

Guzmán fue apresado y recapturado en diversas ocasiones: en el sexenio de Vicente Fox se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, y tras ser reaprehendido se escapó del penal del Altiplano en el Estado de México.

El gobierno de Peña Nieto capturó nuevamente al Chapo en enero de 2016, y fue extraditado a Estados Unidos un año después, el último día del gobierno de Barack Obama y en vísperas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El juicio

El abogado Jeffrey Lichtman aseguró al jurado, según AFP, que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa no es el Chapo, de 61 años, sino su co-acusado Ismael Mayo Zambada, de 70 años, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado “al actual y al anterior presidente de México (…) cientos de millones de dólares en sobornos”.

“La verdad es que el Chapo no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía”, dijo Lichtman en sus argumentos de apertura.

“Mayo puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México mate a quien él quiera”, aseguró Lichtman, un experimentado abogado que en el pasado salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina, John Gotti Jr, indica la agencia.

Lichtman dijo que en los últimos dos años, desde que el Chapo fue extraditado a Estados Unidos, “el flujo de drogas no ha parado”. “El negocio continúa como siempre”, afirmó.

También atacó duramente a los ex socios, empleados o rivales del Chapo que están encarcelados o en el programa de protección de testigos y que cooperan con el gobierno.

“Estos testigos han matado a fiscales, han intentado matar a presidentes (…) Cuando escuchen a estas personas se les pondrá la piel de gallina”, dijo al jurado, señala AFP.

“¿Por qué el gobierno está yendo tan lejos, dándoles visados para que permanezcan en este país, entre nosotros? ¿Por qué están deseosos de infectar este país con estos degenerados?”, preguntó.

“Porque el Chapo es el mayor premio con el cual la fiscalía ha soñado, y está soñando con esto desde hace años”, respondió Lichtman.

El Chapo, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata, escuchó los argumentos de apertura tranquilo con la ayuda de una traductora. Al entrar a la corte parecía contento, y tiró un beso a su esposa Emma Coronel, de 29 años, sentada entre el público, señala AFP.

LA PRINCESA AYAKO DE JAPÓN SE CASA Y PIERDE SUS DERECHOS DINÁSTICOS

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  • La salida de otro miembro de la familia imperial nipona acentúa la crisis de sucesión al Trono del Crisantemo que, en un gesto inédito, autoriza a que la princesa siga ejerciendo algunos cargos.

PEKIN. 29 DE OCTUBRE, 2018 ● La boda de la princesa Ayako de Japón, celebrada este lunes en Tokio, le cambiará literalmente la vida. Su elección de contraer nupcias con un plebeyo deriva en la pérdida inmediata de su condición de miembro de la familia imperial japonesa, según marca la rígida normativa que regula la institución. A partir de ahora, y como le ha ocurrido a muchas otras mujeres de la familia –aunque no a los hombres–, será sobre el papel una ciudadana japonesa como cualquier otra. Y el número de miembros de la familia imperial seguirá menguando, algo que podría provocar a largo plazo una crisis de sucesión.

Ayako de Takamado, de 28 años, es la tercera hija del primo del actual emperador Akihito, el príncipe Takamado (fallecido en el año 2002). La joven se ha casado con Kei Moriya, de 32 años, empleado de la compañía naviera Nippon Yusen, en el santuario Meiji de la capital nipona. Con su matrimonio ya registrado legalmente, Ayako pierde el apellido y adopta el de su marido.

Ataviada con un kimono de múltiples capas y un peinado típico de la aristocracia imperial nipona, Ayako se mostró “feliz por el hecho de que muchas personas hayan celebrado” su matrimonio. “Queremos esforzarnos para convertirnos en una pareja como mi madre y mi padre”, dijo la princesa tras la ceremonia, informa la agencia Kyodo.

Pero su vida, fuera de palacio, será muy diferente de la de sus progenitores. Según marca la ley de la Casa Imperial, recibirá unos 107 millones de yenes (950.000 dólares, 835.000 euros) como compensación por la pérdida de sus derechos. Su madre, la princesa Hisako, ha asegurado a través de un comunicado con motivo del enlace que educó a su hija “para el día en que ella se valiera por sí misma”, en clara referencia a su salida de la familia imperial. “Espero que la pareja construya una familia llena de alegría y felicidad”, añadió.

La boda de Ayako es la primera de un miembro de la familia imperial de los últimos cuatro años. Entonces se casó su hermana mayor, Noriko, que también pasó entonces a ser una plebeya.

La Casa Imperial japonesa está regida por una dura ley sálica que impide a las mujeres acceder al trono, las obliga a abandonar sus derechos al casarse con un plebeyo e impide que sus hijos e hijas formen parte de la línea sucesoria. Pero en la familia hay escasez de varones: de los 18 miembros (ya sin contar a Ayako), 13 son mujeres. El actual emperador Akihito abdicará el 30 de abril de 2019 por deseo propio, con lo que tanto él como la emperatriz Michiko dejarán la familia. El Trono del Crisantemo pasará entonces a su hijo mayor, el príncipe Naruhito, de 58 años. Este solamente tiene una hija, la princesa Aiko, que no puede heredar la corona. El siguiente en la línea sucesoria es el hermano del heredero, Fumihito (52 años), y tras él su hijo pequeño Hisahito (12 años), el único varón de su generación.

La continua salida de las mujeres de la familia, además de plantear un grave problema para la sucesión al trono –ahora en manos de la descendencia que pueda tener Hisahito–, deja bajo mínimos una institución que tiene numerosas responsabilidades de representación. Con cada salida, los actos oficiales tienen que repartirse y se acumulan en cada vez menos personas. Y menos familia comporta inevitablemente una menor presencia ante los ciudadanos, algo que podría erosionar la imagen del emperador como símbolo de la nación.

Quizás con esta preocupación en mente, por primera vez Ayako Moriya podrá seguir ejerciendo algunos de los cargos adquiridos durante su etapa como miembro de la familia, concretamente los de presidenta honorífica en la Sociedad Canadiense-Japonesa y la Federación de Cadetes del Mar de Japón. Un alto cargo de una de estas organizaciones negó a la agencia Kyodo que la Casa Imperial hubiera intervenido activamente en esta decisión y aseguró que se trata de un acuerdo entre Ayako Moriya y las entidades. Pero el gesto es inédito, tiene el visto bueno de la Casa Imperial y podría servir para resolver algunos de los problemas de la familia a corto plazo, a falta de una reforma de la ley que equipare definitivamente los derechos de los hombres y las mujeres.

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